El Cuarto Juzgado Civil de Santiago admitió la demanda presentado por ODECU contra la empresa, enmarcada en el caso Dieselgate. El procedimiento judicial solicita la reparación, que incluso podría llegar a la recompra y compensación por los vehículos alterados, tal como se ha hecho en otros países.
El Cuarto Juzgado Civil de Santiago declaró admisible la demanda presentada por la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile, ODECU, en contra de Porsche Chile y DITEC, en su calidad de representantes en Chile de las marcas del grupo Volkswagen, por las infracciones cometidas y daños causados a los compradores en el marco del fraude denominado “Dieselgate”.
La demanda, presentada por el abogado Sebastián Reyes Pérez, es la primera acción legal de este tipo en América Latina y se suma a otras existentes en Estados Unidos y Europa.
En Chile, el Presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, espera que con esta acción judicial se logre el reemplazo de los vehículos que no cumplan con la normativa y que se repare al resto, todo con las debidas indemnizaciones que el Tribunal determine.
“La demanda está dirigida a reivindicar el derecho de las personas que compraron estos vehículos y que fueron engañados por el fabricante/distribuidor en cuanto a las emisiones contaminantes, y por lo tanto, buscamos que se haga justicia.”, señaló Larenas.
Ante esta situación, en otros países se han realizado programas de recompra, como forma de solucionar el problema. “Volkswagen ha reconocido este hecho y ha reparado a compradores tanto en Europa como en Estados Unidos, sin embargo, en Chile, hasta el momento la empresa y sus distribuidores han guardado silencio y no han realizado ninguna acción reparatoria al consumidor”, explica Stefan Larenas.
El caso, mundialmente conocido como Dieselgate, se dio a conocer en 2015 cuando la firma automotriz alemana Volkswagen instaló dispositivos de software para engañar los controles de emisiones contaminantes en motores diésel de vehículos marca Volkswagen, Audi y Skoda. Los automóviles afectados contarían con motores diésel TDI, fabricados entre 2009 y 2015. Pero la ola de demandas colectivas recién ha surgido este año, ahora que después de procedimientos criminales, especialmente en Estados Unidos, se ha conocido los detalles y la extensión del fraude contra los sistemas de medición de gases, y la existencia de nuevos modelos afectados.
Situación en Chile
Se calcula que en el mundo se produjeron 11 millones de automóviles con este dispositivo fraudulento. De ellos, al menos 5 mil vehículos estarían circulando en Chile de acuerdo con declaraciones en prensa del mismo fabricante.
Según cálculos, los cinco mil vehículos diésel que circularían con el software alterado en Chile, estarían contaminando el equivalente a 500 mil automóviles bencineros. Esto significa una contaminación 100 veces superior.
Con la admisibilidad de la demanda, Stefan Larenas remarca la importancia de que “los afectados se contacten con nosotros (ODECU), señalando la marca, modelo y año de su automóvil. De esta forma, podremos ayudar a que cada uno de los perjudicados reciba una solución equivalente a la que Volkswagen le ha ofrecido a los consumidores fuera de Chile”.
Además, esta demanda no busca reparar solo a las personas que compraron los vehículos adulterados, sino que también apela a la contaminación que estos han producido desde el tiempo que han circulado en nuestro país, lo que a juicio del Presidente de ODECU, “puede incrementar sustancialmente el número de consumidores afectados, los compradores, sus familias, y los miles de chilenos que conviven con ellos en los diferentes lugares del país”.
Finalmente, el Presidente de ODECU se muestra confiado en los resultados por la seriedad del trabajo realizado por ODECU y su equipo. “Esta demanda, de alcanzar un resultado positivo, marcaría un precedente en América Latina”.
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